Así queda de relieve en un auto emitido por el TS el 1 de junio de 2021, acerca de una cuestión negativa de competencias promovida entonces por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río respecto a unas diligencias por un delito contra la salud pública incoadas en 2018.

En el marco del debate público y político suscitado en torno a la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir, un auto del Tribunal Supremo (TS) emitido en junio de 2021 refleja una investigación de la Guardia Civil contra una organización dedicada al tráfico de drogas, incluyendo entre las operaciones indagadas la «botadura» en 2019 de una embarcación «cerca» del estadio de la Cartuja, en las inmediaciones de Sevilla capital y constatando que la citada embarcación alcanzó las costas de Marruecos y regresó por el río hasta La Algaba, con unos 3.100 kilogramos de hachís a bordo.

Así queda de relieve en un auto emitido por el Tribunal Supremo el 1 de junio de 2021, acerca de una cuestión negativa de competencias promovida entonces por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río respecto a unas diligencias por un delito contra la salud pública incoadas en 2018. El juez instructor, según este auto, optó por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que las diligencias habían arrojado la existencia de «una organización criminal permanente y estable en el tiempo, con actuaciones que afectan a más de una audiencia provincial». auto señala narcolancha

Después de que la Audiencia Nacional no aceptase esta inhibición y el Juzgado número dos de Coria del Río plantease ante el Supremo esta cuestión negativa de competencias, el TS detallaba en este auto que de las diligencias se desprendía que la organización investigada usaba «una nave del polígono Príncipe de Gales de Isla Mayor, perteneciente al partido judicial de Coria, como guardería de embarcaciones semirrígidas utilizadas para el transporte de drogas».

En dicha nave, allá por noviembre de 2018, «se estaban llevando a cabo actuaciones previas para el traslado de un alijo desde Marruecos, el cual fue abortado ante la interrupción del Servicio Marítimo de Cádiz», que perseguía a una embarcación de esta red, motivando que los pilotos de la misma saltasen al agua para después desaparecer y que las cerca de 20 personas que esperaban en la nave «salieran huyendo del lugar».

Traslado a Villamanrique

Tras ello, según las diligencias objeto de esta cuestión negativa de competencias, la organización «trasladó su base de operaciones a una nave alquilada Villamanrique de la Condesa», donde los agentes encargados de la investigación descubrieron que los miembros de la red almacenaban los estupefacientes y acometían la reparación de embarcaciones semirrígidas destinadas al tráfico de drogas. auto señala narcolancha

La Guardia Civil, según las pesquisas, habría determinado que las personas que operaban en la nave de Villamanrique eran «las mismas» que las huidas de Isla Mayor, quienes también «utilizaron una nave en el polígono de Pilas», igualmente «para la guarda y traslado de embarcaciones semirrígidas».

A partir de ahí, según este auto del Supremo, las diligencias policiales daban cuenta de diversas operaciones de la red, como la botadura de una embarcación extraída de la nave de la Villamanrique en la localidad de Almayate (Málaga) allá por diciembre de 2018; la introducción de una embarcación en la citada nave en enero de 2019, una botadura en Isla Cristina (Huelva) con destino a las costas de Marruecos «para cargar el alijo correspondiente», extremo saldado con el naufragio de la embarcación, el rescate de sus tres tripulantes y la llegada de 84 fardos de hachís a las costas de Gibraltar fruto de las corrientes marinas; o la botadura de otra embarcación procedente de la nave de Villamanrique «cerca del estadio olímpico de Sevilla» ya el 1 de abril de 2019.

Más de 3.000 kilos de hachís

Esta embarcación, según las diligencias, «se dirigió a las costas de Marruecos para cargar el alijo correspondiente», regresando la nave el 3 de abril remontando el Guadalquivir, para desembarcar en La Algaba, donde los tripulantes de la embarcación «abandonaron la mercancía al ser descubiertos», tras lo cual fueron intervenidos 3.100 kilos de hachís que transportaban.

«Se constata que no solo operaban en la provincia de Sevilla, sino que lo hacen en otras provincias de Andalucía una vez que se realiza la carga del alijo en Marruecos, pues actúan en Sevilla, Málaga, o Huelva», indica el Supremo, agregando que «el alijo de La Algaba tiene la misma marca que uno de los alijos que fueron intervenidos» en San Roque (Cádiz).

«Otro de los indicios de que la organización opera en toda Andalucía es el hecho de que la empresa que construye los cascos de las embarcaciones pertenece a Villanueva del Trabuco (Málaga)», indica el Supremo, exponiendo además que del contenido del teléfono móvil del «encargado de los lancheros y uno de los subordinados» del «Messi» del hachís’, actualmente fugado de la justicia española; se desprende que «la organización no sólo opera en Sevilla, sino que su dispositivo se amplía a muchas de las provincias» andaluzas.

Empero, el Supremo expone que «lo relevante a efectos de competencia es la eventual difusión de los efectos del tráfico en territorios pertenecientes a distintas audiencias» provinciales, toda vez que en este caso «no consta que el ilícito tráfico de drogas llevado a cabo por la organización se haya materializado en dos o más provincias en las que consiguientemente se haya difundido la droga y se haya puesto en peligro la salud pública».

El lugar de destino de la droga

«La incautación de droga en localidades fuera de la provincia de Sevilla obedece a que la misma es abandonada ante la persecución policial, fuera de dicha provincia, logrando huir en todos los casos los autores, y no porque fuesen esos lugares el destino de la droga», indica el Supremo, que a tal efecto resolvía que procedía «atribuir la competencia al Juzgado de Coria del Río».

En el debate público y político suscitado en torno a la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir, recordémoslo, los sindicatos policiales vienen avisando de tales situaciones reflejan la «impunidad» de la que gozan los clanes del narcotráfico, mientras el Gobierno central achaca el asunto a la mayor «presión» policial a tales grupos en las zonas de costa.

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