La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas, se ha movilizado de nuevo este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga, y de manera simultánea en todo el país, para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos: salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros.

CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de
empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16
de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024 acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función de los Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma
a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Otras reivindicaciones

Según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de Administración General del Estado (AGE) cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta
cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesaria una dotación de fondos adicionales que CSIF fija en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028. Reivindicaciones:

– Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.

– Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

– Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.

– Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.

– Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

– Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.

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