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Nuevo mazazo al segmento de las viviendas turísticas. La Junta ha cancelado de golpe casi 1.500 apartamentos con este uso en Andalucía en ciudades con muchos visitantes como Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. La razón de esta supresión del uso turístico de estas casas es que incumplen la normativa una vez que el Gobierno autonómico ha renovado la legislación en esta materia.
Así lo ha anunciado el consejero de Turismo, Aturo Bernal, quien ha hecho balance de las infracciones detectadas que no cumplen con lo previsto en el Decreto 31/2024 puesto en marcha por la Junta de Andalucía. En concreto ya han sido canceladas 1.484 viviendas turísticas por incumplir la normativa del total de 2.656 expedientes de supervisión que se iniciaron a lo largo de 2024.
https://www.101tvsevilla.es/adelante-andalucia-se-muestra-a-favor-de-cerrar-los-pisos-turisticos/
Nuevas herramientas de control
Eso sí, 718 de estas viviendas se encuentran en proceso de alegaciones mientras que hay 454 en tramitación. Bernal ha detallado estos números durante una comisión parlamentaria en la que ha dicho que estas medidas comienzan “a dar resultado”. Además, el titular de este departamento ha señalado que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ya está planteando “nuevas herramientas de control”.
Así, por ejemplo en Sevilla ya está estipulado que cualquier persona que intente inscribir una vivienda en una zona declarada saturada recibirá un aviso automático informándole de que se encuentra en zona saturada, y en el caso de continuar con el trámite, se le notificará de inmediato el inicio del procedimiento de cancelación registral, quedando además sujeto a la apertura de un expediente sancionador por infracción de la normativa turística debido a la falsedad en su declaración responsable. En Málaga, se ha limitado la creación de nuevas viviendas en 43 barrios saturados.
Por otro lado, mediante el Decreto-ley de Fomento, aprobado en el pasado martes Consejo de Gobierno se da mayor seguridad jurídica a las actuaciones limitativas sobre este tipo de alojamiento turístico que hasta ahora han llevado a cabo los ayuntamientos, en consonancia con las exigencias de la normativa europea.
