El presidente de la Asociación Rebalaje, Manuel Benavides, se ha dirigido este sábado de forma cordial a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitarle una reunión en la que abordar la situación de cerca de 4.000 vecinos de El Palo, en Málaga, cuyas viviendas se encuentran en un limbo legal por estar ubicadas en dominio público marítimo-terrestre.

El encuentro se ha producido en el centro de Málaga, donde la ministra participa en el congreso provincial del PSOE. Acompañada por el nuevo secretario general del partido en Málaga, Josele Aguilar, y por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Dani Pérez, el anterior líder del PSOE provincial malagueño, Montero ha sido abordada de forma cariñosa por Benavides y otros vecinos del barrio, quienes le han recordado que llevan años esperando una solución desde Madrid.

«Llevamos siete años esperando; se necesita voluntad política», expresó Benavides

Durante la breve conversación, recogida en vídeo, Benavides le ha trasladado a la ministra que la asociación representa “a casi 4.000 malagueños” afectados por esta situación y le ha explicado que “llevamos siete años esperando una solución para salir del limbo político en el que nos encontramos”. El representante vecinal también aseguró que se le había enviado un correo solicitando una reunión. “Yo lo revisaré por si me ha llegado”, respondió Montero. El presidente de la Asociación Rebalaje expresó que el colectivo necesita “voluntad política a raudales” y deseó a la ministra una buena estancia en Málaga. “Bienvenida a mi tierra”, concluyó.

Una problemática enquistada

La problemática afecta a unas 570 viviendas del antiguo barrio pesquero, cuyos orígenes se remontan a generaciones atrás. Sin embargo, la actual Ley de Costas las considera construidas sobre terreno público, lo que impide su legalización. Esto impide trámites como solicitar permisos para una obra mayor a pesar de la necesidad imperiosa que tienen múltiples inmuebles por problemas estructurales. Los vecinos piden que se ejecute un nuevo deslinde y que la línea que separa el dominio marítimo del suelo urbano se sitúe más cerca del paseo marítimo, como se ha hecho en otros puntos del litoral.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, se asegura que se trabaja en una solución. El pasado 5 de marzo, el subdelegado Javier Salas se reunió con representantes del colectivo para trasladarles el compromiso del Ejecutivo central de encontrar una salida que “no perjudique sus intereses”. Salas atribuyó el origen del problema a una modificación legislativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Al día siguiente, el Partido Popular respondió a través del vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, quien defendió que la ley aprobada por Rajoy “permitió avanzar en el caso de Pedregalejo”, pero que fue frenada tras la moción de censura y denuncias presentadas por el PSOE. Conde aseguró que el Gobierno actual “tiene la llave” para resolver la situación y criticó la “falta de voluntad política”. Mientras tanto, los vecinos continúan con su reivindicación bajo el lema “¡Deslinde ya!”, reclamando una respuesta tras más de 40 años de incertidumbre administrativa.