Se esperan movimientos importantes desde este lunes en la ciudad de Málaga, donde un jurado popular juzgará a un hombre para el que la Fiscalía solicita 14 años de prisión. Presuntamente, el acusado habría contratado para servicios de prostitución una mujer, a la que supuestamente clavó un cuchillo y, posteriormente, lanzó al vacío por el balcón.

Los hechos sucedieron en abril de 2023 cuando el acusado estaba en su domicilio de Málaga capital y, según recogen las conclusiones iniciales del fiscal, contrató los servicios de la mujer, de nacionalidad colombiana y de 42 años.

Una vez que la mujer llegó a la casa, el procesado creyó “erróneamente” que se había puesto de acuerdo con otras personas, que, supuestamente, esperaban fuera para atacarle y robarle después de que ella les abriera la puerta de la vivienda, relata la acusación.

Por esto, supuestamente, “comenzó a comportarse de manera especialmente violenta y agresiva” con ella, a la que, dice el ministerio fiscal, “llegó a golpear y a la que pinchó con un cuchillo debajo de la mandíbula”. Ella, “aterrorizada y temiendo por su vida”, trató de ponerse a salvo y pedir ayuda desde el balcón.

Así, llegó a sentarse a horcajadas sobre el pasamanos, “ya fuera por decisión propia o porque la obligara a ello el acusado”, quien, según el escrito provisional, “decidió acabar con su vida y, después de vencer la resistencia que opuso, dado que se aferraba con todas sus fuerzas, consiguió alzarla y lanzarla al vacío”.

La mujer falleció de forma inmediata tras impactar contra el suelo. Para el fiscal, el acusado, además de utilizar el cuchillo, supuestamente aprovechó “su notable corpulencia y fuerza física” para cometer estos hechos, lo que, considera, “disminuía notablemente las posibilidades de defensa de la víctima”.

La Fiscalía acusa al hombre de un delito de homicidio y solicita que se le imponga la pena de 14 años de prisión con la circunstancia que agrava la pena de abuso de superioridad; además de la medida de libertad vigilada durante diez años a ejecutar con posterioridad al cumplimiento de la pena de cárcel.

Asimismo, el fiscal interesa que se acuerde, en caso de que se imponga una pena superior a cinco años de prisión, que la clasificación del condenado en tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la misma. Y como responsabilidad civil, el ministerio público insta a que el acusado indemnice a la hija de la fallecida con 100.000 euros por los perjuicios morales causados.

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