En Málaga mueren cinco personas solicitantes de dependencia al día, según CCOO. La ciudad ha salido a la calle este sábado 26 de octubre y centenares de personas se han manifestado por las principales arterias del corazón de Málaga para exigir un cambio de rumbo en materia de Dependencia.

Desde CCOO han señalado que es imprescindible municipalizar los servicios de ayuda a domicilio y recuperar la gestión pública directa de residencias y centros de día. Según el sindicato, el 85% de las plazas residenciales en Málaga son privadas, y las trabajadoras sufren sobrecargas laborales y desempeñan trabajos que no son de su categoría laboral porque no se cubren las ratios y no se cubren las bajas.

Asimismo, piden aumentar las ratios de personal y establecer ratios en los servicios donde no existen, como la
teleasistencia. «Las trabajadoras de teleasistencia tienen que atender una media de 310 llamadas diarias y solo tienen un minuto para cada persona, por lo que es imposible dar un servicio de calidad», han señalado.

CCOO se concentra en defensa de la atención a la dependencia: “Las personas dependientes no pueden esperar más”

Otro de los requerimientos ha sido aumentar las plantillas y que la Junta de Andalucía se comprometa a cubrir las bajas. Han indicado que «se ha perdido cerca del 20% del personal administrativo y de valoraciones con un inasumible número de expedientes anuales que atender».

Formaciones políticas

En la manifestación han estado presentes líderes provinciales del PSOE y de Izquierda Unida. El portavoz socialista en la Casona del Parque, Daniel Pérez, ha afirmado que «Andalucía ha alcanzado el récord de las comunidades con mayor lista de espera en todo el territorio nacional, superando casi con el doble de la media de espera».

«Son más de 12.300 malagueños los que están pendientes de una resolución de la dependencia. Moreno Bonilla se está cargando la dependencia, tanto en Andalucía como en Málaga», ha sentenciado Pérez. Toni Morillas, por su parte, ha calificado de «indecente» que se tarden 603 días en emitir una resolución que permita que las personas con la necesidad de recibir apoyos para vivir dignamente reciban unos servicios públicos adecuados.