La Fiscalía ha solicitado 12 años de prisión para ocho acusados de establecer una red de prostitución en dos viviendas de Granada capital y Cúllar Vega con mujeres extranjeras en situación irregular sobre las que mantenían un control constante y a las que obligaban a estar disponibles las 24 horas del día para prestar servicios sexuales.

Algunos de los acusados tenían vínculos de parentesco y todos ellos conformaban, a juicio de la Fiscalía, una agrupación delictiva dedicada al uso de estas viviendas como prostíbulos y como centros de distribución de droga entre 2019 y 2021.

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Los acusados obtenían así beneficios tanto de los servicios sexuales realizados por las mujeres como de la venta de los estupefacientes que ellas mismas ofertaban. También las obligaban a captar clientes en dos pubs a las que eran trasladadas con este propósito, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los acusados fijaban el precio de los servicios sexuales y se quedaban con la mayor parte de los beneficios. Para conseguir que las mujeres cooperasen se aprovechaban de su situación personal, dado que no tenían permiso de residencia en España y ello les impedía obtener de otro modo la manutención de los familiares que tenían a su cargo.

Les prohibían salir solas de las casas, les retiraban la documentación que tuviesen y el móvil, sometiéndolas a trabajos continuos sin respetar su descanso aplicándoles sanciones económicas y ejerciendo un control constante, llegando a usar la violencia.

En la causa constan al menos ocho mujeres víctimas que se encuentran en calidad de testigos protegidos tras haber declarado sobre todos estos extremos. También han declarado que a ellas les obligaban a tomar pastillas y a ofrecer a sus clientes cocaína y viagra que los propios acusados les suministraban.

En la operación policial que desmanteló esta organización se practicaron cuatro registros en inmuebles en los que se hallaron diversas cantidades de droga y dinero; y también se inspeccionaron dos pubs.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito agravado de explotación de la prostitución –por el que pide cuatro años de prisión para cada uno de los acusados–; un delito contra la salud pública -por el que pide cinco años más- y otros siete delitos agravados de explotación a la prostitución -por los que reclama otros tres años más para cada uno de los procesados-.

Junto a ello, solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a las ocho víctimas en un total de 48.000 euros; esto es, 6.000 euros cada una, en concepto de daño moral.