El ingeniero geólogo Alberto Martínez ha afirmado, en su declaración como testigo-perito ante la jueza que instruye la causa de la dana que acabó con la vida de 228 personas en Valencia, que la alerta que llegó a los móviles a las 20.11 horas fue «tardía y con contenido confuso». De acuerdo a su criterio, «hubo tiempo para poder desalojar a las personas que estaban en zonas inundables porque «solo había que subirlas a pisos de arriba», no evacuar el pueblo.

El especialista, máster en la planificación y gestión de riesgos naturales por la Universidad de Alicante y que trabajada en un instituto de Aldaia, ha relatado su experiencia aquel 29 de octubre y ha señalado que ya a primera hora «diluviaba torrencialmente» y se preocupó.

Ha enumerado los avisos rojos activados por Aemet -a las 7.30 horas aproximadamente estaba ya activo para el litoral sur de la provincia- y ha comentado que a las 14.00 horas salió del centro de trabajo y se sorprendió de que no se hubieran suspendido clases en varios municipios pese a que a la situación era peligrosa. «No hace falta ir a Harvard para saber que la lluvia peligrosa es la que viene de las montañas», ha observado el experto, que también ha recordado cómo a lo largo del día siguió la información en directo a través de la televisión pública valenciana, donde se veían rescates.

En un momento de su declaración, según ha podido saber Europa Press, ha señalado que, sabiendo lo que llovía a mediodía en localidades como Buñol o Chiva, un ingeniero geólogo «no tendría mucha dificultad en saber que toda esa agua iba a producir desbordamiento en el Barranco del Poyo». Ha precisado que, una vez que ves que en Chiva el barranco va desbordado, esa agua «seguro que va a bajar a zonas bajas y se sabe por donde».

«Se debería haber avisado a la población»

A su parecer, esa jornada se tenían que haber suspendido las clases «como mínimo» y cuando se activaron los avisos rojos debía haberse mandado a los trabajadores a su casa, algo que sí hicieron, según ha recordado, algunas entidades, como la Diputació de València o la Universitat de València. Ha abundado que al activarse el aviso rojo, «se debería haber avisado a la población».

Para este experto, dichos avisos podrían haber llegado «de muchas formas», incluidas las llamadas a los ayuntamientos o bandos, como se hizo en la riada de 1957. En este sentido, ha dicho que no sabe si los alcaldes de aguas arriba llamaron a los de aguas abajo, como también se hizo en el 57, por eso hubo pocas victimas. Esta obligación, ha apostillado, también la recoge el Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones y en el Plan frente a Inundaciones autonómico.

El geólogo ha señalado que le compete declarar los niveles de emergencia a la consellera que tiene competencias de Emergencias, lo que figura en el Plan autonómico de inundación. Y sobre el sistema ES-Alert ha comentado que, según le han contado, existe una biblioteca de mensajes desarrollada por la Universidad de Alicante a raíz de las inundaciones de la Vega Baja del segura en 2019.

Finalmente, como especialista en gestión de catástrofes, ha manifestado que la tragedia humana «se pudo haber evitado», además de con el aviso, mediante la educación a la población, es decir, enseñando a la gente que vive en una zona inundable que no tienen que bajar al garaje.

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