Una amplia mayoría de Estados miembro ha respaldado este lunes las conclusiones sobre el futuro de la agricultura, un documento que reconoce los desafíos a los que debe hacer frente el sector a medio y largo plazo y que propone acciones concretas frente a retos como el cambio climático, las tensiones geopolíticas o la rentabilidad de la actividad, lo que servirá de hoja de ruta para las políticas de la próxima Comisión Europea en este ámbito. La mayoría de los 27 apoya la hoja de ruta que guiará la política agrícola de la nueva Comisión Europea. En este sentido, las conclusiones invitan al Ejecutivo comunitario a que continúe supervisando las fuentes de complejidad de las normas comunitarias y pide atajar la carga burocrática que sigue afectando a los agricultores.

La mayoría de los 27 apoya la hoja de ruta que guiará la política agrícola de la nueva Comisión Europea

El ministro belga responsable de Agricultura, David Clarinval, en calidad de presidencia belga del Consejo, ha explicado que se trata de un texto «equilibrado» que invita a la reflexión de los Estados miembro ante las peticiones del sector primario.

Clarinval ha apuntado que las conclusiones han logrado «prácticamente el consenso» de los ministros, puesto que 25 de las 27 delegaciones las han respaldado, con la única excepción de Rumanía y Eslovaquia, que han expresado reparos por sus dificultades para mantener la ‘convergencia externa’, un mecanismo de la Política Agraria Común (PAC) que ajusta progresivamente los pagos de las ayudas a la renta por hectárea en cada país, ya sea al alza o a la baja, para acercarlos al nivel medio de la UE.

«La representación rumana ha rechazado las conclusiones mientras que la eslovaca ha manifestado también, aunque en menor medida, su punto de vista al respecto», ha precisado Clarinval, aunque ambos países han solicitado que se suprima este mecanismo para garantizar una ayuda «idéntica» a nivel comunitario para evitar desigualdades.

Según el ministro belga, este ha sido el único punto evocado para justificar el rechazo al texto, ya que 25 Estados miembro sí lo han apoyado, lo que ha forzado su aprobación como conclusiones de la presidencia belga en lugar de un acuerdo del Consejo, rebajando su calado político por falta de unanimidad. No obstante, Clarinval ha destacado que «se trata de un texto con gran peso que ha reunido prácticamente consenso».