El Gobierno andaluz se marca el mes de «junio, quizás el verano, como opción» como horizonte temporal para tener elaborado el decreto sobre las viviendas turísticas, un marco legal que contempla la cesión de competencias a los municipios en aspectos como la supervisión de las condiciones de los inmuebles para prestar ese servicio.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha hecho este pronunciamiento en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno a preguntas de los medios de comunicación, quienes le han cuestionado por un anuncio anterior del consejero acerca de la fecha de aprobación de esa iniciativa y quien ha esgrimido sobre ello que «la tramitación no es ligera».

Bernal ha desechado la idea de «ni prohibir ni fomentar» la existencia de viviendas turísticas, para reclamar entonces la regulación de «solamente la calidad turística» en aspectos que ha puesto de ejemplo sobre «elementos de la prestación del servicio», como el caso de que una vivienda carezca de «extinción de incendios, de aire acondicionado o climatización», en cuyo supuesto ha precisado que ese inmueble «no se podrá inscribir» como vivienda turística, «no se podrá poner en servicio», ha proseguido explicando el responsable de Turismo del Gobierno andaluz.

El consejero ha argumentado que el actual decreto regulador es de 2016 y con ello ha contextualizado la necesidad de tener otra normativa reguladora ante el hecho que ha descrito de que «el fenómeno de la vivienda turística ha venido a distorsionar» el mercado del alojamiento turístico tras explicar que en estos momentos «la oferta hotelera es un 50% del total y la vivienda turística es el otro 50% del total».

Bernal ha indicado que «una competencia que tradicionalmente es de las comunidades autónomas la vamos a ceder a los ayuntamientos», mientras que ha indicado que su antecesor en el cargo como consejero de Turismo, Juan Marín, se encontraba trabajando en ese decreto, del cual ha precisado «que no incorporaba las últimas sentencias» judiciales acerca de limitar las viviendas turísticas por los municipios cuando se trata de «competencias que no eran de los ayuntamientos».

El consejero de Turismo ha indicado que, ante la aspiración de los municipios de acotar el número de viviendas turísticas, la justicia insta a «explicar el motivo de la limitación» ante la invocación del «libre derecho del ejercicio de la actividad empresarial», antes de reiterar que la pretensión debe ser «solamente la calidad turística», de manera que el volumen y la calificación de viviendas «no puede estar limitado por la normativa municipal».