El último caso de violencia machista, el crimen de Lina en Benalmádena, ha conmocionado a la sociedad y ha acarreado críticas al estamento judicial y un cruce político de acusaciones ante un tema delicado como la Justicia y el Estado de Derecho que necesita casi más que ningún otro de consensos rotundos. No obstante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), reunida hoy, ha querido salir al paso en un momento difícil y ha pedido respeto a las actuaciones judiciales en casos de Violencia sobre la Mujer.

El TSJA ha acordado solicitar respeto a la actuación judicial en las causas de Violencia sobre la Mujer. “La justicia está al lado de las víctimas y preocupada por esa lacra, de ahí que el Poder Judicial no va a bajar la guardia ni escatimar esfuerzos para evitar resultados fatales y no previsibles en el ámbito de su actuación”.

En este sentido, rechaza la criminalización de la actuación judicial y que se hable de fracaso del sistema, ya que se trata de una problemática de muy difícil erradicación. “Mientras siga habiendo víctimas o mujeres maltratadas tendremos un motivo de especial preocupación”, pero incide en el trabajo profesional que realizan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer todos los días en Andalucía.

Por otra parte, la Sala de Gobierno incide en la necesidad de “actuar con intensidad en el campo de la prevención” así como potenciar “los aspectos psicológicos, asistenciales, sociales y educacionales”. Y aboga por mejorar las valoraciones de riesgo con el fin de “mejorar la capacidad predictiva” en las causas de violencia machista.

“La libertad de expresión es necesaria pero no son razonables”

En el caso de la mujer asesinada en Benalmádena, la actuación judicial llevada a cabo ha cumplido todos los requisitos exigibles. Respecto a la denegación de la orden de alejamiento, se basó en la valoración de riesgo recogido en el fichero Viogén así como que no concurrían en el caso los presupuestos exigidos.

En este contexto, la Sala de Gobierno vuelve a recordar que las resoluciones judiciales deben estar sujetas a crítica, pues “la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos”.

Pero considera que “no son razonables ni proporcionados los ataques tanto personales como institucionales a una magistrada”. Esos ataques menoscaban el necesario respeto a la independencia del Poder Judicial y a quienes lo componen, “trasladando un pernicioso mensaje de desconfianza a la ciudadanía en uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia”.

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