«No vamos a ir contra ningún tipo de alojamiento, el objetivo es regular, planificar y ordenar», ha precisado el consejero

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado que el decreto de viviendas turísticas, que entre otros, permitirá a los ayuntamientos limitar el máximo de este tipo de viviendas, es «una norma que pretende controlar y mejorar, y esa es nuestra obligación, la calidad de los servicios turísticos» en este caso, de la oferta de alojamientos.

Ha incidido en que el decreto nuevo, que ya está terminado y va a estar en fase de exposición pública «dentro de muy pocos días», está enfocado «en la calidad turística, que es para lo que nosotros tenemos competencias». Sobre cuando entrará en vigor, no ha concretado fechas, precisando que «mi objetivo es que estuviera listo antes del verano, y vamos a trabajar rápido para que eso sea así».

Ha dejado claro que «no vamos a ir contra ningún tipo de vivienda turística ni contra ningún tipo de alojamiento, ese no es el objetivo del decreto», ha dicho y ha explicado que el objetivo es «regular, planificar y ordenar la calidad turística de todos los servicios, incluyendo, por supuesto, en este caso, el alojamiento».

Así lo ha señalado Bernal en Málaga durante la presentación de la promoción prevista por Andalucía cara a la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín y tras ser cuestionado por los periodistas.

También ha recordado que el decreto de vivienda turística «había sido preparado por el equipo anterior, pero entendíamos que adolecía de algunas cuestiones que había que incorporar porque habíamos tenido algunas sentencias judiciales, sobre todo del Supremo, que son las que crea esa jurisprudencia, que ya orientaban por dónde deberían ir los tiros».

«El Supremo estaba diciendo sistemáticamente que lo que trataban de hacer los ayuntamientos regulando con sus planes de ordenación urbana, no solo el urbanismo, también el turismo, no eran competencia de los ayuntamientos», ha recordado, al tiempo que ha valorado la «decisión valiente, importante de la Comunidad Autónoma que, además, es empática con las necesidades de los ayuntamientos».

A su juicio, «no es lo mismo el ayuntamiento de Málaga o de Sevilla, que el consistorio de una pequeña localidad en el interior de Andalucía, en Jaén, Almería o Huelva», ya que, «cada municipio tiene su propia circunstancia de carga turística o, incluso, sus propias posibilidades de desarrollo de negocio hotelero o extrahotelero».

Por otro lado, ha reiterado que «la calidad turística es lo que regulamos a través de ese decreto. No podemos limitar la proliferación o la creación de alojamiento turístico si no hay una norma especialmente basada y fundamentada con criterios de proporcionalidad e interés general», ha abundado, al tiempo que ha insistido en que «ni nosotros ni los ayuntamientos pueden hacerlo».

Bernal ha detallado que lo que «le proporcionamos a los ayuntamientos es el marco regulatorio para que ellos puedan hacer ese movimiento», ha dicho, al tiempo que ha explicado que «antes no podían porque la competencia era exclusivamente de la Junta, pero en ese decreto se les presta esa competencia a los consistorios para que dentro de la norma fundamental que tienen los ayuntamientos, que es el plan de ordenación urbana, puedan hacer también, además de planeamiento urbanístico, planeamiento turístico». Al respecto, ha valorado que esto «es un elemento inédito», ya que «no existe en ninguna otra norma en el territorio español».

Ha señalado, no obstante, que los ayuntamientos no pueden limitar sin ningún tipo de justificación que una determinada zona de la ciudad no haya vivienda de fin turístico, ya que «tendrán que motivarlo».

Bernal ha insistido, al respecto, que «le hemos dado la herramienta fundamental para que eso sea así» y «hemos introducido elementos significativos de control de la calidad del turismo».

Por otro lado, ha recordado que la vivienda turística «siempre tiene un responsable: o es el propietario o es el gestor», lo que no puede ser, ha dicho, «es que cuando una vivienda turística se incorpora a una plataforma parece que entra en un limbo jurídico donde no es de nadie» y «los usuarios pueden hacer uso inadecuado de esa vivienda si ningún tipo de control».

Por último, ha destacado también los pasos dados tras el análisis «concienzudo» de la sentencias sobre esta cuestión de los últimos meses, que «nos ha dado mucha base de información para poder adaptar esa normativa a la situación actual», ha concluido.