El recién investido alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández, ha abogado por que las tres administraciones implicadas en la actual situación del hotel del Azata del Sol en el paraje del Algarrobico «se sienten a dialogar» con la promotora para «llegar a un gran acuerdo».

En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario en el que se ha aprobado la moción de censura con el PSOE para desalojar al PP de la Alcaldía, Hernández ha afirmado que la solución a la «problemática del Algarrobico» por la vía judicial «es un camino muy escabroso» y ha apostado por que se intente una «salida de la mejor manera posible» desde Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado.

«Como bien venimos viendo a lo largo de todos estos años, judicialmente, es un camino muy escabroso y creo que hay que llegar a un gran acuerdo para que, por fin, el hotel del Algarrobico desaparezca de las portadas de los periódicos y de ser noticia a nivel nacional», ha apuntado en el mismo día en que Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nuevas medidas contra el consistorio por no cumplir las sentencias.

Hernández, quien ha dicho estar «tan preocupado como» el Gobierno andaluz por la actual situación, ha declinado pronunciarse sobre si mantendrá la línea adoptada por su antecesor, Felipe Cayuela, en la senda de la Junta andaluza, y ha advertido de que «indudablemente, vamos a defender siempre los intereses del pueblo de Carboneras».

«La situación del Algarrobico es una situación muy complicada, que no es de ahora, es de hace más de dos décadas y, por tanto, hay que valorar el tema», ha concluido el nuevo regidor, quien en el último tramo del mandato dará paso en la Alcaldía al exalcalde del PSOE, José Luis Amérigo.

El ascenso de Cayuela a la Alcaldía tras las últimas elecciones locales supuso un giro de 180 grados en la línea procesal que había mantenido hasta ese momento el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el alto tribunal andaluz.

Los planteamientos del gobierno municipal entraron en sintonía con los propugnados por el Gobierno andaluz, que sostiene que el paraje es «no urbanizable de especial protección» desde 1994 y se comunicó desde el consistorio al alto tribunal que iniciaría «de la forma más inmediata posible» el procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel, de 2003 y ordenada por el Tribunal Supremo (TS).

Cabe recordar que, en noviembre de 2023, se llevó a cabo un pleno ordinario en el que no pudo salir adelante una corrección al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras.

La modificación de la desclasificación como urbanizable que se hizo del Algarrobico bajo mandato del PSOE no salió adelante debido al gobierno en minoría del PP.

No obstante, días después de presentarse la moción de censura, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la Junta de Andalucía y anuló el acuerdo al considerar que, tal y como se hizo, «quebranta» de forma «significativa y sustancial» el sentido de la sentencia a la que debía dar cumplimiento.

La sala indicaba en un auto que la corporación carbonera, que adoptó el acuerdo bajo mandato socialista en abril de 2023, debía limitarse a «hacer figurar» en el planeamiento urbanístico cuál es la zonificación y el nivel de protección que tienen los terrenos que comprenden el sector ST-1 o Algarrobico y remarca que esta es «igual que la que ya tenían en la normativa ambiental de 1994» y la «vigente» en el PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

El tribunal concluyó que el Ayuntamiento de Carboneras se «extralimitó» y fue más allá al asegurar que lo hizo con la «intención de eludir el cumplimiento de la sentencia», firme desde 2018 y por cuya falta de ejecución ha estado apercibido de multa coercitiva de 700 euros cada 20 días el socialista José Luis Amérigo.