Llevaban diez años funcionando, a pesar de no tener licencia de apertura y ahora, permanecerá cerrada por orden de la Junta de Andalucía, que tras una inspección, decretó que el centro no contaba con las condiciones de habitabilidad ni las condiciones higiénico-sanitarias. Se trata de la residencia privada La Coracha, cuya investigación señala que en la residencia se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene.

Desde 2015 sin licencia de apertura y ahora se conoce esta ilegalidad tras la investigación en marcha del Gobierno andaluz. Concretamente, el cierre se ha establecido a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la Delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro hasta hace apenas quince días.

«Para eso están los servicios de inspección, para garantizar que los mayores estén en una residencia pública, privada concertada o privada totalmente, pues estén en las mejores condiciones, se ha decidido después de varios informes y de varias inspecciones que se ha hecho a esa residencia de mayores» ha apuntado hoy la delegada del gobierno en Málaga, Patricia Navarro.

A pesar de ser una una entidad privada y no contar con plazas concertadas por el gobierno autonómico, ha sido la Junta la que ha ayudado a las familias a reubicar a los distintos usuarios afectados. Los propietarios del inmueble han bautizado su propio espacio como “la residencia de los horrores”, según han precisado a la agencia ‘Efe’.

Según los propietarios, el estado en el que se han encontrado el inmueble después de tenerlo alquilado durante una década es deleznable. Al llegar, se encontraron paredes llenas de humedades, excrementos en algunas zonas, suelos hundidos, barandillas rotas, colchones con orinas y solería de ducha levantada.

Una imagen que, según apunta el abogado de la familia, Andrés Francisco Pérez, provocó que incluso uno de los dueños se desmayara en el jardín con solo pensar lo que habrían vivido allí los ancianos

Los propietarios

«La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso», ha asegurado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos.

En la denuncia que ha presentado este se indica que además de los daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros. Los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas «le exigieron dinero para irse» y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

En este sentido, el abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la «extorsión» de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta. Ya a finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, también ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: «es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad».

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