El futuro de la emblemática Ciudad Residencial de Tiempo Libre de Marbella se ha convertido en un nuevo foco de tensión política en Andalucía. El proyecto impulsado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella para recalificar y ceder durante 75 años este enclave a una empresa privada ha desatado un intenso debate que enfrenta al Gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular (PP), y a la oposición, con el PSOE y otros colectivos sociales y profesionales al frente como arquitectos y sindicalistas, que se han adherido a un manifiesto que ya recoge más de 3.100 firmas para frenar el proyecto.

La polémica se reavivó en marzo, cuando se formalizó el convenio que permite la explotación del recinto a cambio de un canon de cuatro millones de euros. Una de las medidas más controvertidas que adopta el documento es el aumento de la edificabilidad de los actuales 24.000 m² hasta un máximo de 50.000 m². Para la Junta, se trata de un acuerdo que «reactivará un espacio en desuso» y aseguran que se respetará el valor patrimonial del conjunto, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006. Por su parte, los arquitectos adheridos al manifiesto apuntan que este aumento de la edificabilidad «podría poner en riesgo el valor ecológico y ambiental del recinto».

La Junta mantendrá la titularidad de Residencia de Tiempo Libre de Marbella e ingresará 4 millones al año por su uso

Además, el PSOE y los sindicalistas acusan al Gobierno andaluz de ejecutar «una privatización encubierta» que, a su juicio, terminará con el carácter público y social que ha caracterizado a este enclave durante más de seis décadas. «Ceder durante 75 años un espacio de dominio público a una empresa privada, duplicando la edificabilidad y recalificando el suelo, es en la práctica perder el control público del recinto», denuncian desde las filas socialistas.

Los arquitectos, en contra del proyecto

Más de 3.100 personas, incluidos 600 arquitectos de renombre han firmado un manifiesto exigiendo la paralización del proyecto y alertando del «grave riesgo de deterioro irreversible» que supone el plan de recalificación para el patrimonio arquitectónico, social y ecológico de la zona: «Se ha entendido que se podía dar un servicio público desde lugares ya existentes como hoteles, espacios turísticos privados… Pero no están siendo propuestas tan contundentes porque no cuentan con un soporte arquitectónico, tipológico, paisajístico, ecológico, avalando esos programas», expresa a 101TV Mar Loren, colegiada y catedrática en arquitectura.

Desde la Junta de Andalucía, defienden el proyecto. El delegado territorial de Economía, Antonio Jesús García Acedo, recuerda que las Residencias a Tiempo Libre se crearon hace muchos años atrás con el fin social de ofrecer estancias vacacionales a trabajadores a precios muy moderados: «Desde hace algún tiempo ese fin social ya había desaparecido y en noviembre de 2023 se suprimió este tipo de servicios por ser altamente deficitario. Desde el año 2015 el mantenimiento de estos establecimientos le ha supuesto a las arcas públicas andaluzas un gasto de 140 millones de euros», añade. Asimismo, destaca que el nuevo uso generará empleo, traerá riqueza y permitirá engrosar el patrimonio público destinado al servicio público.

Para Loren, el problema es que el complejo «se ve únicamente con un valor de rédito económico. En vez de verlo como inversión, se ve como un gasto, y por eso se subcontrata o se vacía de contenido». Loren pone el énfasis en la diversidad de valores que posee la Residencia de Tiempo Libre. Entre ellos, destaca el valor ecológico: «El convenio implica un aumento de edificabilidad de más de un 120%. Eso es incompatible con la preservación patrimonial del lugar», señala. Y es que, la parcela se sitúa sobre una superficie de 21 hectáreas situada sobre el cordón dunar del Real de Zaragoza, un antiguo paraje de dunas y vegetación autóctona junto a la playa de Las Chapas.

La Junta asegura que no se podrán quitar los bungalows en la futura Residencia de Tiempo Libre de Marbella

Por su parte, el arquitecto Manuel Aymerich, hijo de uno de los autores del proyecto original de la Residencia de Tiempo Libre, el aumento de la edificabilidad también supone una agresión directa al espíritu y la configuración original del lugar: “Por esa idea de baja densidad y de dispersión o separación de los elementos, pensar que aquí, en esta ciudad residencial, se pueden meter 30.000 metros cuadrados es, desde mi punto de vista, una muy seria amenaza de destrucción de la ciudad residencial”.

En relación a esta cuestión, García Acedo especifica que la edificabilidad se aumentará principalmente por la zona próxima a la carretera, a la Autovía del Mediterráneo, y estará limitada en un máximo de tres pisos de altura. Además, señala que no se tocarán los bungalós. Actualmente, hay 227 bungalós de los cuales solo 87 se encuentran en buen estado, ya que el resto requerirán una renovación debido al deterioro por la infrautilización del espacio.

La polémica en torno al cambio de uso

La Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella nació en los años 50 bajo el régimen franquista, dentro de una iniciativa que se replicó en distintas provincias españolas, y que, como explica Aymerich “imita otras soluciones que se estaban dando en países de Europa como Italia o Alemania, países afines ideológicamente al Estado español en ese momento”. Sin embargo, su actividad ha perdurado durante décadas, incluso en democracia, como señala: “Ese uso, que se inicia en el franquismo, pero se ha prolongado hasta 2024. Es decir, que hemos tenido desde el año 75, que se instauró la democracia, hasta el 2023 distintos signos políticos, incluso en la Junta de Andalucía, que han mantenido el modelo”.

A pesar del alegato de la Junta de Andalucía en relación a la baja de demanda, el arquitecto niega la justificación: “Eso no es cierto, en absoluto. La ciudad residencial siempre ha tenido una demanda muy alta”. De esta forma, Aymerich denuncia que detrás de este proceso «hay una clara intención política y económica que puede acabar con los valores arquitectónicos, sociales y medioambientales».

Los sindicatos también han alzado la voz contra el proyecto de la Junta de Andalucía para la antigua Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella. Para Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista de CC.OO., lo que está ocurriendo responde a una estrategia calculada: «Primero se recortaron temporadas, luego redujeron el personal, deterioraron las instalaciones y finalmente justificaron que no era rentable». Frente a eso, defiende que la residencia, con una buena gestión, sería viable y seguiría cumpliendo su función social.

No habrá cambio de titularidad

En cuanto al nuevo proyecto, el sindicalista lo califica como un «pelotazo urbanístico» y «un desmantelamiento del turismo social en favor de un modelo exclusivo para las élites». Además, desde su punto de vista, la Junta de Andalucía está impulsando «una privatización encubierta»: «Dicen que no se privatiza, pero los hechos demuestran lo contrario: aunque no cambie la titularidad, el convenio prevé ceder el recinto durante 75 años a una empresa privada», señala. Fuentes insiste en que la Costa del Sol debe mantener su diversidad de oferta, incluyendo hostales, pensiones y turismo social, y no solo «pisos de lujo y hoteles de cinco estrellas»: «La solución es un turismo sostenible, con diversidad y con empleo digno. No solo apostar por pelotazos inmobiliarios», concluye.

Para Antonio Vargas, secretario de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del PSOE de Málaga y ex decano del Colegio de Arquitectos, el debate sobre la antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella refleja el desprecio hacia la arquitectura moderna española: «Existe un desprecio hacia el patrimonio que no tenga más de 120 años», denuncia. Vargas defiende que el conjunto podría albergar un turismo de calidad, al estilo de los Paradores, pero lamenta que la Junta haya optado por cederlo a una empresa privada, que planea nuevas construcciones. El socialista cree que es posible compatibilizar la gestión turística con la preservación del conjunto, incluso contemplando pequeñas reformas, «siempre que se respete su valor cultural y arquitectónico».

En cambio, La Junta incide en que no se trata de una privatización, pues no habrá cambio de titularidad: se trata de la mejor fórmula posible para dar vida a un edificio cerrado desde hace años. Desde la Junta hemos dado los pasos oportunos para poner en valor ese espacio y revertir su situación en beneficio de la ciudadanía. Estamos hablando de un inmueble con un alto coste de mantenimiento sin uso, que ahora va a generar empleo, actividad económica y recursos para todos los andaluces, sin que la Junta de Andalucía pierda la propiedad del inmueble y garantizando la protección del edificio que se encuentra inscrito en el catálogo de patrimonio histórico andaluz», apunta el delegado territorial.

Descubre más noticias de 101Tv en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es