El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles la propuesta para la continuidad de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la institución provincial en municipios menores de 20.000 habitantes; un punto del orden del día que ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos.

La vicepresidenta del Área de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha dicho que este servicio es «importantísimo para nuestra provincia» igual que para la institución por el número de usuarios y de trabajadores, indicando que se sigue trabajando en el nuevo pliego. La Diputación destinará a esto 13.506.897 euros desde septiembre a diciembre de este año y 36.500.106 euros en todo 2024.

Por su parte, la diputada provincial del PSOE Antonia García ha exigido al nuevo equipo de gobierno del PP en la Diputación que dé «la máxima prioridad al contrato de ayuda a domicilio» y ha incidido en que es el contrato «más importante que tiene en sus manos la institución, ya que asciende a 73 millones de euros y de él dependen más de 5.000 usuarios en toda la provincia y casi 2.000 trabajadores».

«Pedimos que se pongan manos a la obra y se concluya de una vez este procedimiento que viene coleando desde 2013», ha dicho García, quien ha indicado que la situación del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación «se ha convertido en insostenible e inaceptable» y ha criticado que se traiga una nueva prórroga.

La socialista ha recordado que desde 2013 el PP en la Diputación «viene diciendo que se está trabajando en este contrato», recordando que en 2022, el equipo de gobierno «sacó a licitación el pliego de este servicio, un pliego impugnado y que los tribunales suspendieron por no cumplir con las necesidades del servicio, es decir con la atención a los dependientes y con las condiciones laborales de los trabajadores».

Asimismo, ha apuntado que en febrero de 2023 la Diputación aprobó en el pleno los trámites de una nueva contratación. «Sin embargo, hoy el equipo de gobierno ha traído al pleno una nueva prórroga de la continuidad del servicio, ya que el contrato tiene finalización el próximo 31 de agosto», ha puesto de manifiesto.

Así, García ha señalado que el informe del interventor de la Diputación al respecto de esta continuidad «es demoledor». «No se está cumpliendo con la ley del sector público de contratos, esto es no hacer las cosas bien», ha advertido.

Además, «también hay una disconformidad de la empresa que está prestando el servicio», ha dicho, apuntando que en el anterior mandato «hasta en cuatro ocasiones vino la continuidad forzosa del servicio a este pleno y la empresa mostró su disconformidad; esperemos que sea la última continuidad que viene a pleno, esperemos que no vuelvan a tardar otros nueve años en sacar a licitación el contrato».

Ledesma ha respondido, insistiendo en que este pliego salió a licitación y, tras ser recurrido y declarado nulo, «se ha vuelto a trabajar en él para corregir las deficiencias que tenía en estos momentos», apuntando que «ya se han llevado a cabo los informes preliminares».

«En breve saldrá a licitación», ha dicho la diputada del PP, quien ha señalado que el que se traiga al pleno una continuación «es porque no podemos dejar de prestar un servicio tan importante», afirmando que si para los socialistas «es importante que este pliego salga a licitación, muchísimo más es para este equipo de gobierno y que se pueda licitar».

«Al final la irresponsabilidad no sé cuál es más si el que venga con un informe en contra de la Intervención o el que tengamos que dejar de prestar el servicio a un número importantísimo de usuarios en toda la provincia», se ha preguntado la diputada ‘popular’.

Al respecto, la socialista ha dicho que «mire si es importante que nos vamos a abstener porque consideramos este servicio esencial y de interés público», aunque han reiterado la petición de que el equipo de gobierno se ponga «manos a la obra y de una vez por todas se concluya ya este procedimiento que ya venimos coleando desde 2013».