El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas, una de las principales peticiones del sector en los últimos tiempos. El Gobierno lanza una consulta pública para modificar los límites a la inversión en redes eléctricas. Con esta consulta, cuyo plazo se prolonga hasta el próximo 3 de julio, el Gobierno busca así recabar la opinión del sector para abordar esta modificación.

El Gobierno lanza una consulta pública para modificar los límites a la inversión en redes eléctricas

En el caso de la red de transporte –con Red Eléctrica (REE)– y en el de distribución –principalmente con Iberdrola, Endesa y Naturgy–, las empresas son las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que las inversiones son asumidas finalmente por los consumidores vía recibo de la luz a través de los peajes, uno de los costes regulados de la factura.

Ese límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.

Según señala el gabinete dirigido por Teresa Ribera en el documento que lanza la consulta, con la eventual modificación de esta norma se persigue «actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética»

En particular, el objetivo es adaptar la regulación «a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica».

Desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución

Asimismo, la reforma normativa perseguirá un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, «priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores».

Además, se quiere recabar del sector posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias referentes a la idoneidad en este contexto de aceleración de la transición energética de elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte a la vez que se preservan las señales de electrificación, de competitividad económica y la contención de los peajes.

Así, se busca también la opinión sobre la elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas. Igualmente, sobre la modificación de los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética.

También se plantea la opinión respecto al establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa.