Carmona afirma que la Ley de Vivienda autonómica busca frenar «la subida de precios de la norma estatal». El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reivindicado este domingo que «el PP lleva décadas trabajando en materia de vivienda, tal y como demuestran las más de 5.300 VPO (viviendas de protección oficial) construidas por el Ayuntamiento de la capital, que actualmente tiene otras 2.200 en promoción, o los 62 millones de euros destinados por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en la provincia para ayudas a la vivienda», y ha destacado que «seguimos liderando la iniciativa y Andalucía será la primera comunidad autónoma con una Ley de Vivienda».

En un comunicado, Carmona ha reseñado que la futura norma autonómica, que ya ha iniciado los trámites para su aprobación, pretende frenar la subida de precios «propiciada por el Gobierno de Sánchez» a través de una ley estatal que es «ideológica, intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal, lo que genera inseguridad y ha propiciado que muchos propietarios saquen sus viviendas del mercado del alquiler de larga estancia».

En este sentido, ha señalado que un año después de la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda, «la oferta ha caído a mínimos y los precios han subido a máximos históricos», apuntando que los inmuebles en alquiler permanente «se han reducido un 15%, mientras que aumentan un 56% los alquileres temporales por el miedo frente a la ‘okupación'».

Carmona afirma que la Ley de Vivienda autonómica busca frenar «la subida de precios de la norma estatal»

«El PSOE, durante su etapa en la Junta de Andalucía, construyó menos de cien VPO en la capital malagueña y ahora la Ley de Sánchez nos deja menos oferta y precios más altos», ha lamentado, marco en el que ha preguntado al PSOE malagueño «dónde están las 10.000 viviendas protegidas que prometió el señor Daniel Pérez en campaña arropado por la entonces ministra y otros miembros del Gobierno».

En este punto, Carmona ha valorado que la Ley de Vivienda de Andalucía «es ejemplo de una norma hecha con rigor y valentía, que surge del diálogo con todos los agentes del sector inmobiliario», y ha indicado entre sus ejes fundamentales la creación de áreas prioritarias para impulsar el acceso a la vivienda, «precisamente en las zonas con mayor dificultad de acceso», concentrando aquí «las ayudas al alquiler, a la compra, a la construcción de nueva vivienda y también a la rehabilitación».

Además, ha explicado que se flexibilizarán suelos ya urbanizados y se creará una bolsa de suelo, así como un inventario de viviendas públicas. El dirigente ‘popular’ ha especificado, entre las medidas para conseguirlo, que el 25% del suelo se destine a VPO y que se simplifiquen los trámites de construcción, además de promover la colaboración público-privada. Así, ha explicado, el anteproyecto de ley prioriza el uso residencial de las viviendas e introduce otros usos como los residenciales comunitarios o ‘co-housing’, «muy utilizado» en el norte de Europa.

Del mismo modo, ha explicado que la futura ley también regulará la calidad y rehabilitación de las viviendas con el objetivo de que sean «más sostenibles y eficientes», con más espacios libres. Se creará igualmente el Portal de la Vivienda Protegida de Andalucía y la figura del agente rehabilitador.

El secretario general del PP malagueño ha resaltado que la norma andaluza contempla un plan de choque temporal, limitado a cinco años, para solucionar la «tensión generada» por la ley estatal. Para ello, ha trasladado la puesta en disposición de suelos y nuevas viviendas de forma inmediata, la construcción de VPO en suelos dotacionales sin modificar la ordenación urbanística y también en suelos terciarios. «El objetivo no es otro que aumentar un 20% el número de viviendas y elevar un 10% la edificabilidad en suelos residenciales destinados a vivienda protegida», ha abundado.

Por último, Carmona ha apostillado que el Gobierno andaluz ha certificado más de 10.200 VPO entre 2019 y 2023, «frente a las 3.200 del PSOE en los cinco años anteriores». Con este plan de choque «se persigue duplicar esas 10.000 viviendas y poder llegar a 20.000», ha concluido.