Este jueves 20 de febrero, el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a las 10.30 horas como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Lagenburg, como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria, en la causa relativa a los pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar y gestionada por dicha sociedad.

Según una reciente providencia de fecha 13 de febrero, dicha instancia judicial daba cuenta de un nuevo informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, donde se avisaba de que si en el auto judicial inicial “se interesan actuaciones sobre ocho pozos sin autorización, sería conveniente extenderlas a un noveno pozo en cuestión, que si bien no está en funcionamiento en la actualidad, podría estarlo si se le vuelven a instalar los elementos”.

El juzgado exponía en su nueva proviencia que “siendo que eran nueve los pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se acuerda ampliar las medidas cautelares y el precinto acordado al denominado pozo número ocho, que al parecer no se encontraría en funcionamiento en la actualidad”.

Auto inicial de investigación

En un auto previo con fecha de 31 de enero, esta instancia ya ordenaba la citación de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como investigado, ya que se trata del representante legal de Eurotecnia Agraria. A su vez, se decretaba el precinto de los pozos y la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello.

La empresa, ante esta investigación reaccionó desligando a la aristócrata Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua no había superado el volumen máximo permitido por la CHG. También, en un comunicado se aseguraba que Luis Martínez de Irujo es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar.

Por su parte, el juzgado detecta posibles indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas

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